Esta modalidad conjunta de atención en salud ha permitido aliviar la presión asistencial sobre los establecimientos estatales, gracias a la acción de profesionales de la salud, clínicas y centros de salud privados, sumada a una sostenida inversión en tecnología de punta para el diagnóstico, operada por especialistas altamente calificados.

Frente a esta realidad, resulta incomprensible el proyecto de los senadores Girardi, Goic, Quinteros y Chahuán, que busca establecer una regulación de precios para los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico. Por su metodología de cálculo, equivale a fijar precios similares a los que se pagan a los hospitales públicos, más un rango porcentual, a los prestadores privados. La realidad demuestra que los aranceles de referencia propuestos para la regulación de precios han sido uno de los factores decisivos en el desfinanciamiento crónico del sistema público de salud. ¿Cómo pretenden los legisladores que los prestadores privados adquieran, mantengan y renueven equipos de última generación y capaciten al personal médico con buenos niveles de calidad, si la realidad enseña que con los valores que se pretende fijar ni siquiera alcanzaría para adquirirlos? En el sector estatal, el equipamiento se financia con la Ley de Presupuestos y no con lo que pagan los usuarios.

¿Cómo Chile habría enfrentado la pandemia solo con un sistema público en su actual estado de desarrollo, sin el concurso de los médicos y del equipamiento del sector privado? En el sistema integrado, en cambio, médicos y personal de salud de consultorios, hospitales, clínicas, laboratorios y centros médicos han unido esfuerzos para salvar vidas y ofrecer la mejor atención posible, lo que ha permitido sobrellevar esta grave emergencia sanitaria.

Los servicios no estatales de exámenes de laboratorio y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico han sido pilares de la función pública en salud, liberando al Estado de financiar inversiones en equipamiento y tecnología, aportando herramientas insustituibles para diagnosticar y tratar enfermedades. Chile puede exhibir, con orgullo, altos y actualizados niveles de calidad en la tecnología de salud y los mejores estándares en la formación de sus profesionales. A pesar de que en salud todo es perfectible, comparativamente nuestro país ha sido reconocido por décadas dentro de los más altos estándares en la formación y en el equipamiento tecnológico disponible, respecto de países con igual grado de desarrollo.

Parece contraproducente que un proyecto que modifica un aspecto tan central del sistema sanitario no haya sido
debidamente fundado en la consulta previa a los especialistas que cotidianamente laboran en los servicios de salud, públicos y privados. Ello es aún más importante si se considera que se encuentra pendiente una modificación integral al sistema de financiamiento de la salud, oportunidad en la que esta materia, junto a muchas otras en que el país requiere perfeccionamientos, debiera ser abordada con rigor técnico y conocimiento, buscando siempre que los pacientes y sus familias reciban atenciones de calidad, en forma oportuna y eficaz.

Las sociedades científicas que agrupan a las especialidades médicas chilenas habríamos querido ser convocadas para colaborar en la redacción de un proyecto de ley sensato, que cumpliera los objetivos de elevar los niveles de transparencia en los costos de exámenes y procedimientos diagnósticos, entregar mayores niveles de certeza de los montos a pagar por estos estudios y acompañar a los pacientes en sus decisiones de atención, cautelando siempre la calidad de las prestaciones. El proyecto, en cambio, nace de un diagnóstico parcial y sus efectos pueden ser más nocivos que los aspectos que busca remediar. Si bien no fuimos consultados oportunamente, estamos absolutamente disponibles para colaborar en la corrección de esta iniciativa, porque en medicina no se puede improvisar.
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Dr. Marcelo Gálvez; Dr. José Andrés Poblete; Dr. Luis Villanueva; Dr. Robinson González; Dr. Sergio Guzmán; Dra. María Eugenia Bravo; Dr. Cristián Vera; Dra. Wanda Fernández; Dr. Roberto Rosso; Dr. Carlos Tapia; Dra. Daniela Gutiérrez; Dr. Marcelo Veloso; Dr. Erasmo Bravo; Dra. Ana María Ciudad; Dra. Carolina Prieto; Dr. Mauricio León; Dr. Fernando Barría; Dr. Julio Urrutia; Dra. Verónica Catalán; Dra. Adriana Gutiérrez
(Quienes suscriben esta carta son los presidentes de la Sociedad Chilena de Radiología; Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología; Sociedad Chilena de Oncología Médica; Sociedad Chilena de Gastroenterología; Sociedad Chilena de Urología; Sociedad Chilena de Mastología; Sociedad Chilena de Dermatología y Venereología; Sociedad Chilena de Anatomía Patológica; Sociedad Chilena de Radioterapia Oncológica; Sociedad Chilena de Otorrinolaringología; Sociedad Chilena de Medicina Nuclear; Sociedad Chilena de Cirugía Cabeza, Cuello y Plástica Máxilo Facial; Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica; Sociedad Chilena de Cancerología; Sociedad Chilena de Laboratorio Clínico; Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología; Sociedad Chilena de Oftalmología; Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología; Asociación Gremial de Dermatólogos de Chile; Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia)

*Carta al director publicada en "El Mercurio" con fecha 24 de julio de 2021.